Esta organización se creó para desarrollar y aplicar normativas medioambientales relativas a la producción de dicho aceite, y ha empezado a tener problemas después de que empresas productoras de Indonesia y Malasia, que forman parte de ella, se hayan opuesto a tomar medidas para reducir sus emisiones de CO2.

De momento, los representantes de dichas empresas, que son miembro de RSPO, no se han pronunciado sobre el asunto, pero si han criticado el proyecto de la organización de prohibir nuevas plantaciones en terrenos de turba, porque generan niveles de gases de efecto invernadero muy elevados.

Además organizaciones como el Instituto Indonesio para la Investigación del Aceite de Palma subrayan que organizaciones como RSPO solo se han preocupado de aspectos medioambientales, sin tener en cuenta los beneficios económicos para las comunidades locales del uso de esos terrenos para la producción de biocombustibles.

“Si estos desacuerdos no se resuelven, RSPO no puede seguir actuando como organismo certificador de los biocombustibles”, asegura Marcus Silvius del grupo medioambiental Wetlands International, una de las organizaciones que lo componen.