Según informó la Policía, los matrimonios eran solicitados por inmigrantes irregulares, la mayoría de nacionalidad colombiana y vinculados al narcotráfico, que pagaban entre 10.000 y 12.000 por la unión con un español para legalizar así su situación.

El contrayente español recibía unos 3.000 euros y los testigos obtenían alrededor de 200. La organización comenzó celebrando los matrimonios "blancos" y en la actualidad también falsificaba los documentos sin necesidad de realizar el enlace.

En el dispositivo policial han participado 50 agentes de la Policía Nacional que han contado con la colaboración de 30 policías municipales de Madrid. Entre los detenidos se encuentran un sacerdote, una funcionaria y una abogada.

A los arrestados se les imputan delitos de asociación ilícita, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, estafa, falsedad documental e infracción a la ley de extranjería.