“La abrumadora magnitud de esta crisis debe ser una llamada de atención. Se necesita actuar urgentemente para garantizar que ningún niño pasa hambre, enferma o debe trabajar en vez de recibir educación”, resaltó Yukie Mokuo, representante de Unicef en Líbano.

Las cifras del citado informe revelan un dramático deterioro de las condiciones de vida en seis meses: en septiembre la mitad de las familias tenían al menos un niño que se saltaba una comida, en comparación con el 37% de abril. Más del 30% de las familias encuestadas reportan haber reducido gastos en educación (frente al 26% que lo había hecho en abril).

Ante el aumento vertiginoso de la inflación, el incremento de la pobreza y la escasez de puestos de trabajo, el 40% de las familias tuvo que vender objetos domésticos (más del 33%). Siete de cada diez tuvieron que comprar comida a crédito o pedir dinero prestado para comprar alimentos, en comparación con las seis de cada diez que lo hicieron en abril.

Esta crisis está teniendo también un grave impacto sobre la salud de los niños. Casi el 34% de los niños que necesitaron atención sanitaria primaria no la recibieron, frente al 28% de abril. Los precios de los medicamentos han aumentado y han dejado a numerosas familias sin capacidad para pagar atención sanitaria adecuada para sus hijos. A la vez, el país se enfrenta a una escasez de medicinas esenciales. Los precios aumentaron aún más después de que el gobierno comenzara, el 16 de noviembre, a retirar las ayudas sobre ciertos tipos de medicamentos, incluidos para enfermedades cardiacas, colesterol alto o tensión alta.

Muchos hogares se vieron forzados a recurrir a mecanismos de ayuda que a menudo ponen a los niños en riesgo. Casi el 12% de las familias que participaron en la evaluación rápida de Unicef enviaron a sus hijos a trabajar en septiembre, en comparación con el casi 9% de abril.

Además, la crisis de agua supone una amenaza a la salud pública. Más del 45% de las familias no tuvieron suficiente agua potable al menos una vez en los 30 días previos a la encuesta, en el 35% de los casos debido al coste; los datos en abril eran de menos del 20% y del 28%, respectivamente.

“El Gobierno debe actuar rápidamente para salvaguardar el futuro de los niños. Esto requiere ampliar de manera importante las medidas de protección social, garantizar el acceso a educación de calidad para cada niño, y fortalecer la atención sanitaria primaria y los servicios de protección infantil”, subrayó Mokuo.