Preguntado por la supuesta implicación del delegado de la Xunta de Galicia en Uruguay, Manuel Barros, como presunto contacto de la red 'Gürtel' en el país sudamericano, el jefe del Ejecutivo autonómico se limitó a afirmar que "eso (la trama) no es un problema en Galicia, aquí tenemos otros problemas".

En su discurso, explicó que el Gobierno gallego planifica el futuro de la Justicia a través de las infraestruturas físicas, pero también de las virtuales, de las nuevas tecnologías.

Destacó los avances en ese ámbito de la modernización y también el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Xunta, que, con una inversión de 97 millones de euros, pretende en cinco años “completar la red de infraestructuras judiciales que necesita Galicia, y dotar a todas las ciudades de un espacio de referencia".