Así lo puso de manifiesto la coordinadora de la entidad, Isabel Caballero, durante la celebración de la V Conferencia Sectorial de Mujeres y Niñas con Discapacidad, organizada por la Fundación Cermi Mujeres y que, bajo el título ‘Las mujeres mayores con discapacidad, una gran cuestión pendiente’, se celebró este lunes.

Durante esta parte, que se centró en cómo abordar las políticas de desinstitucionalización, la coordinadora de la FCM impartió una ponencia marco en la que hizo un recorrido por las distintas legislaciones y normativas que han llevado hasta la situación actual de institucionalización de las personas mayores y con discapacidad.

De esta forma, Caballero incidió en la necesidad de que estas personas tengan garantizado su derecho de elección del lugar de residencia, así como el acceso a una variedad de servicios e instalaciones “en igualdad de condiciones”. Tal y como explicó, garantizar estas circunstancias pasa por iniciar un proceso de reforma que “destierre” la idea de que cuando una persona con discapacidad exige un alto nivel de servicios especiales, la única solución sea la institucionalización.

“La solución real pasa por contemplar el establecimiento de una serie de servicios personalizados”, declaró Caballero, al tiempo que señaló que otro de los pasos a dar en esta misma dirección es que los planes de desinstitucionalización se aborden “contando con un canal de consulta directa a personas con discapacidad no sólo para su creación, sino también para su supervisión”.

Caballero se refirió también al “temor” de que este proceso conlleve que las tareas de cuidados de las personas que abandonen esas instituciones “vuelvan a recaer en las mujeres”. Por ello, explicó que desde la FCM impulsan un modelo de desinstitucionalización “que sea feminista y emancipador para hombres y mujeres con discapacidad.

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Tas la ponencia de Caballero tuvo lugar una mesa redonda sobre la institucionalización como violación de los derechos humanos de las mujeres con discapacidad. Durante la misma intervinieron la presidenta de la Fundación Pilares, Pilar Rodríguez; la directora técnica del área de Autonomía Personal y Vida Independiente en la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif), Myriam Arnáiz; y la miembro de la Comisión de Personas con Discapacidad Mayores del Cermi Estatal Pilar Ramiro.

Así, la presidenta de la Fundación Pilares, Pilar Rodríguez, declaró que las mujeres siempre han sido grandes cuidadoras universales y las que promueven el bienestar de la familia durante toda su vida pero, sin embargo, se encuentran con que al final de su vida “no tienen a nadie que las cuide”. De esta forma, puso sobre la mesa que el 77% de las personas que reciben ayuda a domicilio son mujeres y que el 80% de las que cuentan con un servicio de teleasistencia, igualmente son mujeres. También recalcó que en las residencias hay un 70% de mujeres.

Asimismo, habló sobre el derecho a decidir y recordó que “la autonomía es la que más se vulnera porque en muchas ocasiones las mujeres mayores con discapacidad no quieren ir voluntariamente a una residencia y se les obliga”. Por ello, abogó por que en el futuro se avance en investigación sobre el ámbito de las mujeres mayores y celebró que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 haya planteado una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización.

Por último, recordó que es esencial un modelo de transformación de los cuidados para favorecer que las personas que quieran puedan permanecer en su casa siempre y cuando se tengan los apoyos necesarios y no se sobrecargue a las familias.

En esto coincidió la directora Técnica del Área de Autonomía Personal y Vida Independiente de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif), Myriam Arnáiz, quien subrayó que “el proceso de institucionalización merma la autonomía personal y la capacidad de tomar las decisiones y que puede obstaculizar el empoderamiento de las mujeres y el incremento de vivir una situación de violencia y abusos”.

Por ello, hizo alusión a la figura de la asistencia personal y aseguró que “la vida independiente es una cuestión de derechos y que esta figura es una clave para garantizarla”. También recordó que se trata de un “servicio centrado en la mujer con discapacidad” y que es ella la que elige “qué, cómo y cuándo necesita los apoyos”.

Para finalizar intervino Pilar Ramiro, miembro de la Comisión de Personas con Discapacidad Mayores del Cermi Estatal, quien relató la experiencia de una mujer mayor institucionalizada que defiende que “las instituciones de las personas con discapacidad se tienen que cerrar porque el modelo centrado en la persona no deja de ser un modelo de copia a lo que podría ser una casa, pero no contempla cómo volver a un entorno comunitario”.