Así lo anunció este lunes en rueda de prensa en la Cámara Baja su portavoz, Pablo Echenique, quien argumentó que los manifestantes “están luchando no solamente por sus derechos, sino por los de todos”, desde la premisa de que “todos los derechos actuales son fruto de luchas pasadas”.

Por tanto, estima que sería “muy importante que el Parlamento mande su apoyo a los trabajadores, máxime cuando estamos viendo algunos intentos de criminalizar el derecho a huelga”. Echenique hizo extensivo este apoyo a las protestas de trabajadores de otras empresas y sectores, que también son “intentos de evitar que la industria se apague”.

Para Unidas Podemos, “desde el Parlamento tenemos la obligación de apoyarles”, y Echenique afirmó que el texto de la declaración “lo estamos acabando de redactar” y lo enviarán al resto de grupos para que, si lo consideran oportuno, introduzcan alguna modificación que facilite la unanimidad necesaria para que la declaración institucional salga adelante.

A preguntas de los periodistas, Echenique interpretó que “no hay una discrepancia de fondo en el seno del Gobierno respecto a estos temas”, puesto que tanto el PSOE como Unidas Podemos defienden que “hay que proteger la industria española, máxime cuando hay fondos europeos para ello”.

Eso sí, dejó caer que, en el caso de la planta de Alcoa en Galicia, ·”el Gobierno podía hacer más”, y “la SEPE debería ayudar” y “quizás intervenir Alcoa para garantizar la producción de aluminio primario en España”. No obstante, insistió en que “tenemos la misma perspectiva de fondo los dos socios de coalición”.

EL TEXTO Y LA PRIMERA REACCIÓN

El texto de la declaración institucional comienza llamando a “la patronal y a los representantes de los trabajadores a que sigan negociando para llegar a un acuerdo beneficioso para la provincia de Cádiz, que permita reactivar la actividad productiva del sector industrial y garantice la calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras”.

Acto seguido, “reconoce asimismo el derecho de huelga y los derechos concomitantes de manifestación y reunión –todos ellos recogidos en la Constitución Española– como herramientas plenamente legítimas y democráticas para avanzar en los derechos de las mayorías sociales y rechaza cualquier tipo de criminalización de estas prácticas”.

Por último, de ser aprobada, el Congreso de los Diputados haría “un llamamiento a todas las instituciones públicas a tomar medidas para garantizar y aumentar la producción industrial en la provincia de Cádiz, así como en todos aquellos territorios que sufren las consecuencias de la desindustralización, para llevar a cabo una modernización de nuestra economía y garantizar empleo de calidad para decenas de miles de familias y como apuesta de futuro alineada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

El primer portavoz de otra fuerza parlamentaria que se pronunció sobre esta propuesta de declaración institucional fue el de Más País, Íñigo Errejón, quien salió en rueda de prensa justo después de Echenique. Errejón defendió las movilizaciones en los mismos términos que su homólogo de Unidas Podemos y anunció su apoyo a la declaración institucional.

No obstante, se declaró “todavía más a favor de que el Gobierno tome medidas para ayudar a la industria de Cádiz” y que no trate a los trabajadores “como si fueran delincuentes”, porque “a nadie le gusta estar en huelga·. Por tanto, subrayó que lo que tiene que hacer el Ejecutivo ”es poner las condiciones para que esas movilizaciones no se produzcan".