A partir de la información que proporcionen los 19 Cermis Autonómicos, a los que se les ha pasado un cuestionario de denuncia, el Cermi Estatal recopilará y ordenará las quejas recibidas sobre infracciones a los deberes legales de accesibilidad vigentes, para confeccionar finalmente 10 denuncias por cada territorio de comunidad o ciudad autónoma.

Estas denuncias se dirigirán contra entornos, bienes, productos y servicios, de importancia cívica, que no reúnan las condiciones de accesibilidad universal exigibles normativamente y de los que sea titular o su gestión esté atribuida a la Administración General del Estado, o a sus organismos, entidades y empresas dependientes o adscritos.

Una vez reunido todo el elenco de denuncias, informa el Cermi, se presentarán colectivamente a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Atención a la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para que abran investigación, se inste a la subsanación y eventualmente se imponga sanción por los incumplimientos.

“Con esta iniciativa del movimiento Cermi, se busca mantener la conciencia sobre la observancia de los mandatos de accesibilidad universal, muy laxa en España y que supone una de las vulneraciones más insistentes e insidiosas de los derechos de las personas con discapacidad”, concluye la entidad que representa a las personas con discapacidad.