Según informaron empresarios y sindicatos, el acuerdo nace con la finalidad de que el sistema estatal de solución autónoma de conflictos disponga de instrumentos de aplicación general y directa sobre los sectores y empresas incluidos en su ámbito de influencia, sin perjuicio de los sistemas propios existentes en determinados sectores y empresas.

Además, destacaron que el acuerdo permitirá una “mayor polivalencia a los medios de solución de discrepancias y una más rápida y eficaz solución de las controversias en las relaciones laborales”.

Entre las novedades de este nuevo acuerdo se encuentra que la utilización de los medios extrajudiciales ha de estar basada, en principio, en la voluntariedad, excepto cuando por un acuerdo de las partes correspondientes, a nivel de empresa o ámbito superior, se establezca la obligatoriedad de los mismos.

Por ejemplo, el arbitraje, que será posible sólo cuando ambas partes de común acuerdo lo promuevan por escrito, tendrá carácter obligatorio cuando se haya establecido de forma expresa en el convenio colectivo.

Recoge el acuerdo también el acortamiento de plazos, al menos en determinados conflictos, lo que dotará de la “máxima celeridad a los procedimientos”.

También se determinan procedimientos “más ágiles, rápidos y eficaces”, potenciando su cercanía a la empresa, y favoreciendo la presencia de mediadores y árbitros que gocen de la confianza de las partes.