En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Idoia Mendia, portavoz y consejera de Justicia, afirmó que, en relación con este tema, el gobierno “no señala a nadie” y mantiene su creencia en la presunción de inocencia, lo que no contraviene su decisión de trasladar el tema al fiscal para que “concluya lo que considere que debe concluir”.

Tras realizar una investigación interna, el Departamento de Justicia ha confirmado la existencia de “graves irregularidades” en, al menos, una quincena de expedientes de contratación informática por un importe total que supera los 23 millones de euros.

Según ha podido constatar el Departamento, ninguno de los expedientes de contratación analizados, a pesar de estar íntegramente pagados en plazo, se ha ejecutado en su totalidad, no ya a fecha de la finalización del contrato, sino que ni siquiera lo están a fecha actual; es más, algunos de ellos ni siquiera se han iniciado. Es decir, con dinero público se han pagado sistemáticamente trabajos no realizados.

Se constata igualmente que muchas de las aplicaciones informáticas han sido contratadas y pagadas varias veces, bien en sucesivos contratos, bien a través de facturas emitidas por conceptos ya recogidos en expedientes anteriores.

Otro dato que llama la atención al Gobierno vasco es el “escasísimo” plazo fijado para la ejecución de algunos de los trabajos contratados, lo que pondría en evidencia, en unos casos, que la empresa sabía de antemano que iba a ser la adjudicataria y había anticipado el trabajo; y en otros, que ninguna de las partes tenía intención de realizar lo contratado, por lo que dicha contratación no era sino una mera justificación formal para obtener financiación.

Al tener sospecha de estas irregularidades, el anterior viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, fallecido en octubre de 2010, encargó dos auditorias técnicas, una interna y otra externa. Posteriormente, mantuvo una serie de reuniones con las empresas informáticas proveedoras, con la finalidad de garantizar la continuidad del sistema informático de la Administración de Justicia. En estas reuniones las empresas adjudicatarias, además de reconocer la falta de ejecución de muchos de los trabajos contratados y su cobro íntegro, se comprometían a su ejecución.

Las irregularidades afectan a cuestiones “de calado” para la Administración de Justicia como son la implantación del sistema de gestión procesal (JustiziaBat) en los órganos que desempeñan tareas jurisdiccionales, el desarrollo del expediente judicial electrónico o la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) en Euskadi.

A la vista de todo ello, el Consejo de Gobierno ha decidido poner los expedientes en conocimiento de la Fiscalía por si apreciara alguna conducta delictiva y, en su caso, señale al responsable de la misma.