La Sección Tercera de la Sala de lo Penal rechaza en un auto el recurso del reclamado y explica que una persona sin identificar le proporcionó en 2017 documentación personal de signo tributario de la empresa KTAG, propiedad del presidente de la República Eslovaca, Andrej Kishka.

El auto detalla que el reclamado escaneó los documentos y, a través de varios correos electrónicos anónimos, los remitió a varios empleados de la empresa, así como a medios de comunicación, “exponiendo a terceros no destinatarios los resultados y averiguaciones de controles fiscales de la entidad, sujetos a secreto fiscal”.

El tribunal rechaza pronunciarse sobre la prescripción alegada por el recurrente porque los hechos se han cometido fuera de España y por un ciudadano no español y desestima también la posible politización de la reclamación que alegó el recurrente.

El tribunal argumenta que concurre la doble incriminación al tratarse de delito informático, en concreto revelación informática de secretos de empresa, que también constituye delito en España.

Añade que, aunque recaiga sobre un presidente de República, no puede ampararse en la libertad de expresión, más amplia cuando se trata de criticar a los políticos, “pues la antijuridicidad del tipo se funda más en la manera de conseguir la información y en la manera de revelarla subrepticia y anónimamente, afectando a datos especialmente protegidos, afectando la capacidad competitiva de las empresas, que en lo que en sí se revela”.