La UPSJ expresó su “profunda disconformidad” con esta medida, porque, en primer lugar, la ley de 2003 contempla que los secretarios judiciales puedan llevar a cabo actos de jurisdicción voluntaria, como podrían ser divorcios por acuerdo y bodas.

Además, esta asociación destacó el coste para el ciudadano que tendría que los notarios se encargasen de esta tarea. A juicio de estos secretarios judiciales, recurrir a los notarios podría acrecentar más si cabe "la desigualdad económica y de acceso a la Justicia que sufre a día de hoy el ciudadano”.

Por este motivo, la UPSJ reclamó para los secretarios judiciales la competencia de celebrar bodas y divorcios por acuerdo, puesto que estos empleados públicos gozan “de la suficiente preparación y responsabilidad como para hacerse cargo de estas funciones”.