El magistrado ha decidido archivar la causa al considerar que los seis militares imputados no tenían capacidad para haber evitado el siniestro y que existe por lo tanto “ausencia de responsabilidad penalmente relevante”, según consta en el auto dictado hoy. El juez reconoce la gravedad de los hechos así como “las dificultades del transporte de tropas y material a un área tan distante y en conflicto” pero señala que la responsabilidad es atribuible a la tripulación del avión, “que no estaba preparada”.

“No fueron las circunstancias relativas al estado y mantenimiento de la aeronave las causas, ni directas ni indirectas, del siniestro, sino la preparación concreta de la tripulación para maniobrar en un aeropuerto de las características citadas”, señala el auto en referencia al aeródromo de Trabzon (Turquía), rodeado por montañas y en cuyas proximidades se estrelló el avión.

Grande-Marlaska ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, que había solicitado el inicio de la fase de preparación del juicio oral para sentar en el banquillo de los acusados a los seis militares imputados. Los familiares de las víctimas también se pronunciaron en este sentido.

El Ministerio Público sostiene que si existe responsabilidad de los militares porque las autoridades españolas deberían haber previsto “que el siniestro podía suceder” ya que conocían “las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban los vuelos de esta clase que se ejecutaron en los meses anteriores con aviones de fabricación rusa”.

MILITARES EXONERADOS

En la causa estaban imputados el exjefe del Estado Mayor de Defensa (Jemad), almirante general Antonio Moreno Barberá, y el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), el general de división Juan Luis Ibarreta.

Dentro de la División de Operaciones del Emacon, también estaban imputados en la causa al contralmirante José Antonio Martínez, el coronel Joaquín Yáñez y el comandante Alfonso Elías Lorenzo.

Por último, Grande-Marlaska imputó el pasado mes de abril al militar Abraham Ruiz López, quien entre los años 2002 y 2003 fue el enlace de la División de Planes del Emacon (el Estado Mayor Conjunto de la Defensa) ante la Namsa, la agencia de la OTAN que subcontrató para España el Yak-42.

Estos seis mandos militares, para los que Grande-Marlaska ha dictado ahora el sobreseimiento libre, estaban acusados de 62 delitos de homicidios por imprudencia grave por su participación en la contratación del avión.

TRIPULACIÓN INEXPERTA

Grande-Marlaska concluye en el auto dictado hoy que las causas de siniestro fueron “una concreta conjunción de circunstancias, imputables todas ellas a la gestión de la empresa UM AIR, quien explotaba la actividad del Yak-42 siniestrado” y destaca que “los pilotos no habían recibido entrenamientos adecuados”.

El magistrado establece por lo tanto como causas del siniestro “la falta de preparación concreta de la tripulación para aterrizar en aeropuertos como el de Trabzon” así como “la razonable fatiga, consecuencia de las horas y circunstancias de los vuelos” que habían operado.

El juez se apoya en uno de los informes técnicos para señalar que el piloto y la tripulación sufrieron “pérdida de conciencia de la situación, incumplimiento de los procedimientos, realización de una aproximación falta de precisión, la utilización incorrecta de los sistemas de vuelo automático, una insuficiente formación específica y descender por debajo de la altitud mínima de descenso de la zona”.

Por el contrario, la resolución dictada hoy sostiene que el avión “se encontraba en perfectas condiciones técnicas, había pasado todo los controles de mantenimiento y era apto para volar”.

AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL

Grande-Marlaska señala por lo tanto que “los funcionarios intervinientes en los procesos de contratación y ejecución del transporte de las fuerzas armadas” no incurrieron en una “dejación de sus obligaciones que puedan constituir omisiones que incidan en el ámbito delictivo”.

El juez concluye que no se puede atribuir a los seis miembros de la cúpula militar de Trillo que estaban imputados “una acción concreta omitida, intencional o imprudente relacionada con el vuelo”.

Aún así, el magistrado deja la puerta abierta a que se depuren otro tipo de responsabilidades más allá de la penal. Señala que la única conclusión que ha alcanzado con su investigación es “la ausencia de responsabilidad penalmente relevante, nunca la de cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa”.

TRES CAUSAS

Además de esta causa penal, ahora archivada, ha habido otros tres procedimientos relacionados con el accidente del Yal-42.

La Audiencia Nacional celebró, entre marzo y abril de 2009, un juicio contra tres militares por los errores en la identificación de 30 de los 62 militares que fallecieron en el accidente del Yakovlev 42. Este órgano jurídico condenó finalmente a tres años de cárcel al general de Sanidad Vicente Navarro e impuso sendas penas de un año y medio de prisión para sus dos sus dos subordinados, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, en una sentencia que fue confirmada por el Tribunal Supremo.

Aún así, ninguno de los tres militares condenados por los errores en las identificaciones llegó a ingresar en prisión ya que la Audiencia Nacional suspendió sus penas.

Además, se han celebrado dos juicios por la vía civil -en enero de 2005 y febrero 2010- contra las compañías aéreas, ambos con condena firme.