Según informó este miércoles el CGPJ, esta colaboración se articulará mediante el convenio que esta jornada firmaron el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y el Defensor Andaluz, Jesús Maeztu.

El Consejo destacó que ambas instituciones “comparten el interés en promover la mediación administrativa como vía complementaria para la solución de conflictos con la finalidad, mediante nuevas herramientas, de llegar a soluciones satisfactorias para las pretensiones de las partes en litigio”.

Entre las medidas, el Defensor del Pueblo andaluz y el CGPJ impulsarán el diseño y puesta en marcha de un proyecto piloto práctico, que tiene como objetivo la posibilidad de derivar asuntos desde la jurisdicción contencioso-administrativa al Defensor del Pueblo andaluz en el marco de sus competencias.

“EQUILIBRAR” LOS INTERESES

La institución que preside Lesmes indicó que “la mediación intrajudicial en el ámbito administrativo ofrece una alternativa a las dificultades propias de la jurisdicción -como son la complejidad de acceso a la misma, las dilaciones en la tramitación, los costes y formalidades del proceso y el incremento de la litigiosidad- y supone un cambio de la relación entre las administraciones públicas y el ciudadano”.

También se destaca que se trata de un procedimiento que “permite una mejor comprensión del proceso para las partes”, pero que “tiene unas características propias, derivadas de la propia naturaleza” de los intervinientes en el litigio.

Además, se resalta que se deben “equilibrar” la defensa del interés general “con la buena gobernanza y la necesidad de que la Administración promueva la confianza de los ciudadanos, escuchando y reconociendo sus discrepancias, pero sin dejar de lado los intereses públicos”.