La iniciativa pide al Ejecutivo que colabore con las autoridades marroquíes en proyectos de investigación pesquera y desarrolle campañas para conocer el estado de los recursos.

De igual modo, quiere que a la hora de negociar se cuente con la opinión del sector y de las comunidades autónomas afectadas.

El pasado 14 de diciembre, el Parlamento Europeo vetó la prórroga del protocolo de pesca con Marruecos, que tenía vigencia hasta el 27 de febrero de 2012. Una de las causas del veto fue ideológica, puesto que el caladero que se explota está en aguas saharauis y son motivo de un conflicto con las autoridades marroquíes.

Además, la UE considera que el coste del acuerdo es excesivo para los beneficios pesqueros que se obtienen y objeta en contra de la sobreexplotación de ciertas especies.

La decisión afecta a 70 barcos andaluces, que se encuentran amarrados y acogidos a la cobertura por desempleo mientras se aclara el conflicto.