Fernández Díaz se pronunció sobre este asunto en la Comisión de Interior del Congreso, donde explica sus líneas de actuación para esta legislatura.

En este sentido, el ministro se refirió a que, en la actualidad, en España hay más de 1.500 personas que tienen seguridad personal. A este número hay que sumar los electos locales, que suelen estar protegidos por las policías locales.

Asimismo, el titular de Interior se refirió a que 2.668 guardias civiles y policías están asignados a funciones de protección, a los que se suman 700 escoltas privados. Destacó, además, que este servicio cuesta anualmente al Estado 160 millones de euros, de los cuales 100 millones de euros están dedicados a la protección en el País Vasco y Navarra a cargo de escoltas privados.

Según Fernández Díaz, la “permanente” amenaza de ETA en el pasado ha justificado “plenamente” dedicar estos fondos a defender a potenciales objetivos de la banda terrorista.

Sin embargo, señaló que, aunque se considere que la amenaza de la banda etarra está “latente”, el “análisis de la situación actual” lleva a Interior a concluir que “el número de protegidos y de protectores está muy por encima de lo que estimamos razonable en estos momentos”.

Añadió que la comparativa que se ha realizado con Francia, Reino Unido o Alemania indica que hay un “desfase extraordinario” entre los escoltas personales que hay en estos países y los que hay en España.