Su recomendación la realizó durante su intervención en el foro Reset, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), entre otras recetas para evitar que el aumento transitorio de los precios por razones exógenas al país acabe perjudicando a la actividad nacional e, incluso, a las empresas.

“Es muy importante que las empresas y trabajadores interioricen esa naturaleza que estaba justificando antes, fundamentalmente transitoria del repunte de los precios, y que se haga un reparto equitativo de la merma de renta que supone prácticamente para la economía nacional frente al resto del mundo el hecho de que el incremento de los precios en bienes que nosotros no producimos, sino que importamos y, por supuesto, que la economía necesita para realizar su producción”, expuso.

No hacerlo es correr el riesgo de entrar “en una espiral de crecimiento de precios y salarios que se alimentan a sí mismos”, con el riesgo de que “el repunte inflacionista fuera mucho más elevado” y generase “una pérdida de competitividad de la economía” o, en último término, tener “efectos negativos sobre el crecimiento económico”.

Bajo este mismo escenario estimó que “se debe evitar un apoyo generalizado por parte de la política fiscal, que en último término puede llevar también a un repunte de la alta inflación”, pidiendo de forma específica además que “el apoyo a las familias vulnerables frente al episodio inflacionista debe acompañarse de una revisión profunda sobre cuáles son las deficiencias estructurales de nuestro mercado energético”.

Su reflexión tiene lugar precisamente cuando el Gobierno analiza nuevas medidas para evitar que la escalada de los precios de la energía acabe pasando factura a los ciudadanos tras haber rebajado además determinados impuestos y ampliado las ayudas para familias vulnerables, con la promesa de que el promedio de la factura de la luz no será este año superior a la del 2018.

Una vez que la pandemia parece controlada y la reactivación económica está en marcha, Hernández de Cos consideró que será aún “necesario” el apoyo de la política fiscal durante el año 2022, pero “con un carácter mucho más selectivo con empresas, con grupos poblacionales y que debería concentrarse solo en aquellos en los cuales se dejasen sentir todavía las consecuencias de la crisis”.

“Hay que tratar de lograr que ese apoyo de la política fiscal no deteriore adicionalmente el déficit estructural”, explicó, abogando a que cualquiera de las medidas que se vayan a aplicar “sean de carácter temporal y no aumenten adicionalmente el déficit estructural, que ya era muy elevado antes de la crisis”.

El gobernador del Banco de España urgió, de hecho, de nuevo a que se inicie el diseño de un programa de consolidación fiscal “que permita reducir gradualmente los altos niveles de deuda estructural y deuda pública que nuestra economía tiene y son un elemento de vulnerabilidad” a partir “de este momento”, aunque “su ejecución debería posponerse hasta que la recuperación sea más sólida”.

Desde el ángulo de la política económica estimó necesario además “facilitar la adaptación de las empresas y los trabajadores a las nuevas realidades que van a surgir como consecuencia de la pandemia”, permitiendo “el uso de los mecanismos de ajuste que proporciona, por ejemplo, la legislación laboral para adecuar las condiciones específicas de las empresas” a esas situaciones que serán ahora más estructurales.

También demandó “mejorar” los procedimientos de reestructuración de deudas, reforzar las políticas de búsqueda activa de empleo por parte de los trabajadores y de la formación, y afrontar un programa de reformas estructurales que permita reducir las deficiencias estructurales que arrastra la economía española y entre las que citó la baja productividad o los altos niveles de paro y temporalidad del empleo.