Así lo anunció la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que precisó que la ley “profundiza” en la atención que ha de recibir el cliente de manera “personalizada”, hasta el punto de que incluso “proclama” su derecho a ser atendido por una persona física “y no por un robot a través de los contestadores automáticos”.

Con el fin de “no sobrecargar” a pequeñas y medianas empresas por las que, espetó, el Ejecutivo central “siempre vela” y consciente de que “esto supondría un esfuerzo importante para ellas”, la ley obligará a adaptarse a esta normativa a las empresas con más de 250 trabajadores, que tengan un negocio anual de más de 50 millones de euros o un balance superior a 43 millones de euros.

Rodríguez defendió que se trata de una “ley novedosa que, por fin, ve la luz” y dijo esperar, además, que “pueda ser enriquecida” en este trámite de audiencia que comienza ahora.

La portavoz del Gobierno advirtió de que, “seguramente, la inmensa mayoría de los españoles” han tratado de “defenderse, en un momento u otro, ante alguna prestación de los servicios que contratan a través de un contestador automático”. “Ante la desesperación de no ser atendidos en tiempo razonable y, desde luego, ante la desesperación de no poder ser atendidos por una persona física a la que manifestar su malestar, su interés por cambiar los contratos o los servicios contratados”, sentenció, para justificar la importancia de la nueva norma.