En un comunicado reclamó a la Generalitat una reforma legal que haga obligatoria la inmunización, a fin de garantizar el derecho a la salud de las personas especialmente vulnerables.

En concreto, Dincat señaló que las personas con discapacidad intelectual tienen más posibilidades de contraer la enfermedad, puesto que les resulta más complicado mantener la distancia de seguridad y las medidas de higiene, lo que se suma a su necesidad de más ayuda.

Además, muchas de estas personas presentan patologías asociadas a su discapacidad por lo que, en caso de contraer la enfermedad, tienen más posibilidades de desarrollar cuadros graves e incluso de fallecer.

Para Dincat, exigir la vacunación obligatoria a los profesionales que les atienden es pues “una cuestión de responsabilidad social” y “una medida para proteger su salud”.