Así se recoge en el informe 'Emisiones de CO2 por comunidades autónomas 1990-2020', elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad (OS) y AIS Group, y difundido este martes después de que la Cumbre del Clima de Glasgow (conocida como COP26) concluyera este sábado con un acuerdo que insta a una "reducción progresiva" del carbón y el "progresivo abandono" de las subvenciones a los combustibles fósiles. Los datos hasta 2019 proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y los de 2020 son estimados.

El informe indica que las emisiones absolutas más altas en los 31 años analizados corresponden a Andalucía, Cataluña y Castilla y León, por delante de Galicia (9%); Asturias (8%); Comunidad Valenciana (7%); Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y País Vasco (6%); Aragón (5%); Canarias (4%); Baleares, Murcia, Extremadura, Navarra y Cantabria (2%), y La Rioja (1%).

Por otro lado, las únicas regiones o ciudades autónomas que han reducido sus emisiones de CO2 desde 1990 son Asturias (-42%), Galicia (-40%), Ceuta (-38%), Castilla y León (-33%) y Aragón (-26%). Entre 2019 y 2020 bajaron sobre todo en Baleares (-32%), La Rioja (-28%), Madrid (-25%), Aragón (-24%) y Galicia (-21%).

Los mayores emisores per cápita son Asturias, Navarra, Castilla y León, y Cantabria, lo que coincide con el mayor peso de las centrales térmicas de carbón y las industrias pesadas en zonas poco pobladas por lo general. Cierran la tabla Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía; en el caso de la región madrileña, la mayor parte de la energía consumida se produce en Aragón, Asturias y Galicia.

Por otro lado, el informe indica que España alcanzó su máximo de emisiones de gases de efecto invernadero en 2007, cuando emitió 354 millones de toneladas de CO2 equivalente. El 'pico' se alcanzó primero en Melilla (1993), Ceuta (1996) y Canarias, Galicia y Navarra (2004). Las que lo hicieron más tarde son Baleares y Murcia (2008).

Sólo tres regiones (Andalucía, Baleares y Cataluña) cuentan con una ley autonómica de cambio climático y seis están tramitándola o a punto de hacerlo (Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco).

“Debido a la decepción de la COP26, es cada vez más necesario considerar que cada tonelada de CO2 cuenta y que, aunque el pico en las emisiones ya se ha producido en España y en todas las autonomías, es necesario hacer un esfuerzo en todas y cada una de las administraciones para descarbonizar sus territorios, así como todas las actividades que existen que sean todavía contaminantes en esta década clave 2021-2030”, apuntó Fernando Prieto, del OS.

Carlos Alfonso, también de OS, valoró “la importancia de que todas las comunidades autónomas tengan una ley de cambio climático comparable y exigente”.

El informe incluye como recomendaciones establecer “responsabilidades diferenciadas” entre las comunidades autónomas en función de sus emisiones de CO2, más rendición de cuentas y coherencia en las políticas, evitar las subvenciones a los combustibles fósiles y apuesta por las energías renovables y el autoconsumo y que las autonomías pongan en marcha una agencia propia hacia la descarbonización.