El próximo 9 de noviembre quedarán desactivadas las líneas de prepago cuyos dueños no hayan aportados sus datos a las compañías.

Hasta el momento, las operadoras han recopilado la información de unos 12,5 millones de líneas, por lo que quedan alrededor de ocho millones que todavía no tienen propietario. Esto significa que en dos semanas podría desaparecer más de un tercio del parque de líneas de telefonía móvil de prepago en España.

El 9 de noviembre de 2007 entró en vigor la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas, que fijaba un plazo de dos años para recabar dicha información.

El texto legal señala que "transcurrido el aludido plazo de dos años, los operadores vendrán obligados a anular o a desactivar aquellas tarjetas de prepago respecto de las que no se haya podido cumplir con las obligaciones de inscripción".

La explicación de motivos de esta ley señala que el avance de la tecnología en la telefonía móvil ha hecho que este tipo de comunicaciones estén "al alcance de cualquier persona en cualquier rincón del mundo" y que pueda ser utilizada con fines delictivos.

Así, "la naturaleza neutra de los avances tecnológicos" no impide que el uso de estas comunicaciones "no pueda derivarse hacia la consecución de fines indeseados, cuando no delictivos".

Por esta razón, se decidió que los clientes de prepago deberían aportar los datos personales, igual que los usuarios de contrato, para poder ser utilizada en procesos legales.