Esta iniciativa, acordada en el seno de una subcomisión parlamentaria creada a finales de la pasada legislatura para combatir la violencia de género, trata de reducir a un solo trámite el acceso a prestaciones económicas, custodia de los hijos, ayudas para alimentos y medidas cautelares como el alejamiento del maltratador.

A lo largo del año pasado se aplicaron medidas civiles y penales contempladas en esta orden de protección al 77% de las 27.684 personas que lo solicitaron, en su mayoría mujeres, tal y como revelan los datos del departamento dirigido por Juan Fernando López Aguilar.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica creado en el CGPJ cifra en 7.328 las solicitudes presentadas entre enero y marzo de 2004, antes de la entrada en vigor del decreto por el que se constituía el registro central para la protección de las víctimas de violencia de género.

En una respuesta parlamentaria a la diputada del PP Susana Camarero, el Ministerio de Justicia indica que entre el 14 de abril y el 31 de diciembre de 2004, el número de peticiones de orden de protección ascendió a 20.356, con lo que el total del año pasado alcanza las 27.648.

A lo largo de todo el año, Andalucía fue la comunidad en la que se pidieron más medidas de protección social y penal para víctimas de violencia de género, seguida de Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.

En cuanto a la distribución por provincias, sólo figura en los datos relativos al periodo de abril a diciembre, cuando ya estaba en marcha el registro central, y sitúan en primer lugar a Barcelona, donde se presentaron 2.547 peticiones, mientras que en Madrid fueron 2.524.

Le siguen Valencia, que recibió 1.408 reclamaciones; Málaga, con 1.165; Sevilla, que registró 1.149 peticiones; Alicante, con 894; Baleares, con 826; Murcia donde fueron 614, y Asturias, donde ascendieron a 529.