Desde ASIF indicaron a Servimedia que esta medida tiene un coste directo en paro de 120 millones de euros al año. A su juicio, el desarrollo de la fotovoltaica supone un coste de 70 millones de euros al año.

El Ejecutivo aprobó este viernes un real decreto ley con el que suspende temporalmente los procedimientos de preasignación de retribución renovable y suprime también con carácter temporal, los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, residuos y cogeneración.