Se trata de unas enmiendas que pretenden "rectificar" el proyecto del Gobierno y poner en práctica medidas de "austeridad", según explicó el equipo económico del Grupo Popular al completo en un encuentro informativo para explicar a la prensa el contenido de las enmiendas.

En esa línea de ahorro, los populares piden la supresión de la Vicepresidencia Tercera, que ostenta Manuel Chaves, y de los ministerios de Vivienda y de Igualdad, por entender que ninguno de ellos sirve de sostén a la "economía productiva" y que, además, "no han tenido ningún éxito en su gestión".

La supresión de los tres departamentos supondría un ahorro de alrededor de 300 millones de euros. Además, el PP pide reducir las transferencias de capital a empresas públicas en 2.500 millones de euros, rebajar un 10 por ciento la compra de bienes y servicios, reducir un 10 por ciento la oferta de empleo público y en un 50 por ciento los gastos en puestos de asesoría y gabinete.

Quieren también reducir las aportaciones de España a ciertos organismos internacionales, congelar las tasas públicas en 2010, reducir a la mitad las tasas aeroportuarias y estimular la lucha contra el fraude fiscal.

Su propuesta fiscal, parte de un rechazo frontal a la subida impositiva. En cambio, quieren una reducción del Impuesto de Sociedades a las pymes "sin condiciones", aumentar la deducción por compra de vivienda hasta el 25 por ciento y la aplicación del IVA reducido a las obras de albañilería, carpintería, fontanería o electricidad domésticas.

Sus propuestas estrella en este terreno suponen que los 400 euros de deducción fiscal pasen a reducir la cuota a la Seguridad Social que pagan los trabajadores y que se rebajen en un 0,5 por ciento las cotizaciones por contingencias comunes.

En materia de reforma laboral, el PP aseguró en un encuentro con los periodistas, que los trabajadores "pueden estar tranquilos" porque no son partidarios del abaratamiento del despido.

Insisten en que es necesario adaptar la negociación colectiva a la situación económica actual, en mejorar la formación profesional, y en corregir la situación "injusta" de que el 90 por ciento de los despedidos en el último año y medio lo haya sido a "coste cero" en razón de la temporalidad de sus contratos.

Además, proponen que las madres que se hayan quedado en paro sigan cobrando los 100 euros por maternidad, la reducción de gastos suntuarios del Ministerio de Presidencia por un monto de 64 millones de euros, y que se destine el 60 por ciento del Plan E para municipios al pago de las deudas que los ayuntamientos tienen contraídas con empresas y suministradores.