La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que la consolidación fiscal es “imprescindible” para generar crecimiento económico y crear empleo.

Esta ley obligará a todas las administraciones a presentar equilibrio o superávit en sus cuentas y prohibirá que incurran en déficit estructural, salvo en situaciones excepcionales.

La número dos del Ejecutivo aseguró que es una “reforma estructural de primer orden”, recordó que tiene el consenso territorial y que a ese acuerdo se quiere sumar a los partidos políticos, por lo que esta misma tarde se remitirá el texto a los grupos para que puedan comenzar a analizarlo.

Según Sáenz de Santamaría, la consolidación fiscal conlleva dos aspectos clave: la recuperación del crédito y asegurar el Estado del Bienestar, sobre todo en aspectos como educación, sanidad y servicios sociales.

“El pago de los intereses de la deuda está detrayendo muchos recursos que podrían destinarse a sufragar los servicios públicos esenciales”, comentó.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, fue el encargado de explicar los detalles de la norma, de la que aseguró es una de las “grandes reformas de nuestro país” y aseguró que refuerza “la arquitectura institucional de España”.

Montoro señaló que la ley establecerá que la deuda de las administraciones públicas no podrá superar el 60% del PIB, tal y como establece la normativa europea, aunque se permitirá superar esta cifra "en el caso de circunstancias excepcionales".

También supondrá que el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales deberán de fijar un techo de gasto previo a la elaboración de los presupuestos, que cada año no podrá aumentar por encima del crecimiento de la economía.

PERIODO TRANSITORIO

El titular de Hacienda hizo referencia a lo que será el “trayecto hasta que la Ley sea alcanzable a partir de la situación actual”, con un elevado nivel de deuda y déficit público.

“Hay un periodo transitorio para cumplir los límites”, dijo el ministro. Así, por ejemplo, la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional crezca.

Cuando la economía nacional tenga un crecimiento del 2% o se genere empleo, la obligación que nace de la Ley es reducir dos puntos el peso de la deuda en el PIB, añadió.

Respecto al déficit estructural del conjunto de las Administraciones Públicas se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en promedio anual.

Este 2012 el Congreso de los Diputados analizará el estado de la situación, y en 2015 y 2018 “se revisará la senda de déficit y deuda” que se pactaron con el PSOE cuando se abordó la reforma de la Constitución.

INCUMPLIDORAS

El anteproyecto prevé, además, que las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad sean asumidas por la Administración responsable. De esta manera, la Ley traspone los mecanismos correctores de la Unión Europea.

También se establece un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores.

El Gobierno dispone además que el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración incumplidora tal y como ocurre en la Unión Europea.

El responsable de Hacienda explicó que se podrá multar a las administraciones que incumplan la Ley de Estabilidad durante seis meses, y podrá intervenirlas una vez hayan pasado nueve.

Montoro quiso dejar claro que “la visita no es amable, es una forma de intervención; es lo mismo que se hace con los países intervenidos” en la Unión Europea, por ejemplo, con la “famosa troika”, aunque pidió que no se vea en sentido “agresivo”.