En esta norma, que busca convertirse en un marco general para la planificación del medio marino, se delimitarán una serie de demarcaciones marinas en las que se llevarán a cabo actuaciones específicas para garantizar que las actividades en el mar no comprometan la conservación de los ecosistemas marinos.

El Ministerio de Medio Ambiente llevará a cabo una evaluación inicial del estado ambiental actual del impacto de las actividades humanas en el medio marino de cada demarcación, tras la que se llevará a cabo una propuesta de

objetivos ambientales e indicadores asociados para el medio marino.

La futura ley incorporará la Directiva marco de la UE sobre estrategia marina, así como una serie de medidas de protección del medio marino reguladas por convenios internacionales.

Las medidas se aplicarán a las aguas, al lecho marino y el subsuelo que se sitúan más allá de la línea base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que se extienden hasta el límite exterior de la zona en que cada Estado ejerce derechos jurisdiccionales.

También establecerá normas en relación con los vertidos desde buques y aeronaves al mar, la incineración en el mar y la colocación de materias sobre el fondo marino que ya están reguladas en convenios internacionales.