La incorporación de medidas en el ordenamiento legal contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada responde a los compromisos comunitarios e internacionales adquiridos por España para luchar contra esta actividad, que supone una grave amenaza para la biodiversidad marina.

En este contexto, el anteproyecto incorpora medidas para prevenir, desalentar y eliminar este tipo de pesca.

También integra nuevas medidas encaminadas a un mayor control de las importaciones y exportaciones de productos pesqueros y el decomiso de los productos pesqueros procedentes de la pesca ilegal.

Asimismo, se refuerza el sistema de control e inspección pesquera y se modifica el régimen sancionador.

En relación con la protección y regeneración de los recursos marinos vivos, el anteproyecto recoge una nueva regulación de las zonas de protección pesquera, en línea con las directrices de la Unión Europea, para alcanzar o mantener un buen estado medioambiental del medio marino comunitario.

De este modo, se amplían los supuestos en los que una determinada zona puede ser declarada como reserva marina, atendiendo a la preservación de la riqueza natural de determinadas zonas, a la conservación de las diferentes especies marinas o a la recuperación de los ecosistemas.

Se trata de lograr un verdadero desarrollo sostenible que abarque, no sólo a los recursos pesqueros, sino a la totalidad de la biodiversidad.

En este sentido, el texto contempla la posibilidad de que las reservas marinas puedan formar parte de la Red de Áreas Marinas Protegidas.