Esta ley obligará a todas las administraciones a presentar equilibrio o superávit en sus cuentas y prohibirá que incurran en déficit estructural, salvo en situaciones excepcionales.

Asimismo, establecerá que la deuda de las administraciones públicas no podrá superar el 60% del PIB, tal y como establece la normativa europea, aunque se permitirá superar esta cifra "en el caso de circunstancias excepcionales".

También supondrá que el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales deberán de fijar un techo de gasto previo a la elaboración de los presupuestos, que cada año no podrá aumentar por encima del crecimiento de la economía.

Por otro lado, recoge que los intereses y la deuda pública tendrán "prioridad" frente a cualquier otro gasto y obligará, a quienes incumplan el objetivo de estabilidad, a presentar un plan económico-financiero para corregir esta desviación.

Además, la administración que incurra en este exceso de déficit deberá aprobar automáticamente una no disponibilidad de créditos.

La ley reforzará también los mecanismos preventivos y de seguimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda.

El texto establece que el cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta a la hora de autorizar emisiones de deuda, la concesión de subvenciones y la suscripción de convenios.

Por otro lado, incluye un mecanismo extraordinario de apoyo a la liquidez de comunidades y ayuntamientos que lo soliciten, que irá ligado a la aprobación de un plan de ajuste del gasto.