En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, donde Camps presentó el anteproyecto de los presupuestos regionales para 2010, y a preguntas de los periodistas, afirmó que “quien tiene que dar explicaciones” es Moncloa, “quien dice, por cierto, (que el conjunto de las operaciones) es completamente legal”.

A esta tesis se sumó la portavoz de la Generalitat, Paula Sánchez de León, quien agregó que “se trata de poner apellidos a las empresas, porque en unos casos se les apellida corruptas y en otros casos como una empresa angelical”.

“No veo diferencias”, apuntó Sánchez de León, “salvo que el Gobierno socialista esté aplicando esa doble vara de medir que ya hemos puestos de manifiesto”.