Durante su visita a la residencia para personas con enfermedad mental “Hortaleza”, el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, destacó la utilidad de la red de asistencia social de la Comunidad para “incrementar su autonomía personal, su independencia y conseguir un horizonte mucho mejor”.

De esta forma, señaló que de las 1.260 personas que durante el año pasado fueron atendidas en los diferentes centros de rehabilitación laboral de la región, 619 accedieron a un empleo.

El perfil tipo de las personas atendidas es el de un varón de entre 30 y 35 años, siendo la esquizofrenia la enfermedad más diagnosticada con un 80%, un 10% trastornos graves de la conducta de la personalidad y el resto derivados de trastornos bipolares.

De los 7.200 usuarios atendidos en 2011, un 7% más que en 2010, el 63,5% eran hombres, y en lo referido al nivel educativo, el 60% tenía estudios equivalentes a la educación obligatoria, el 30% Bachillerato o Formación Profesional y un 10% contaba con estudios superiores.

Según los datos facilitados por el Gobierno autonómico, desde el año 2003 la Comunidad ha incrementado un 552% los fondos destinados a la atención social de la enfermedad mental, con un gasto acumulado de 362,5 millones de euros.

Para este año, el consejero indicó que continuarán aumentando las partidas para la asistencia de estos enfermos, hasta alcanzar los 64,7 millones de euros, así como el número de plazas de los 190 centros con los que cuenta la región.

RENESES

Por otro lado, el consejero se postuló a favor de “respetar las decisiones que están tomando y la presunción de inocencia” en alusión a la renuncia presentada por el diputado de IU en la Asamblea de Madrid Miguel Reneses a su cargo como secretario de Organización, tras ser imputado como presunto autor de un delito de acoso sexual.

Asimismo, Victoria indicó que aunque no tiene previsto por el momento “ninguna fecha” para reunirse con la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, estará “encantado" de sentarse con ella "para fijar posturas de coordinación entre la Administración del Estado y la Comunidad en el área de asuntos sociales”.