Así lo manifestó la directora ejecutiva del Cermi y secretaria del Patronato de la Fundación Cermi Mujeres, Pilar Villarino, en la jornada online ‘Retos de la transformación digital para las personas con discapacidad’, organizada por la Coordinadora Vasca de Representantes de Personas con Discapacidad (Edeka).

Villarino presentó una ponencia en la que también habló del papel de la tecnología digital para fortalecer la posición de las entidades como referente en innovación social en discapacidad y para generar impacto social hacia esta realidad. Así, en relación a los elementos clave en la transformación digital, Villarino subrayó que “la persona es el centro de todo el proceso”, así como que “el procesamiento inteligente supone una importante base para la toma de decisiones”.

La directora de la entidad se refirió también a los derechos y la transformación digital y aseguró que ésta “solo se entiende desde el enfoque exigente de derechos que mandata la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, alineada con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”. “Ahí es desde donde debemos impulsar la transformación digital como parte de la innovación social en discapacidad”, añadió.

“La tecnología debe servir para potenciar el talento, aportando constantemente soluciones innovadoras desde el trabajo colaborativo, que permitan evolucionar hacia una organización digital”, declaró Villarino sobre el entorno de trabajo digital.

En cuanto a los beneficios de la transformación digital, destacó que las nuevas tecnologías y el apoyo para la accesibilidad que suponen, permiten una mayor autonomía para las personas con discapacidad. Además, declaró que el protagonismo de la persona en la nueva era digital les ofrece “grandes oportunidades de visibilidad”.

También señaló las posibilidades que la tecnología digital abre en cuanto a las nuevas formas de participación a través del marketing digital, la cohesión del equipo humano, la mejora de la calidad de los procesos, la creación de nuevos canales de comunicación o el apoyo en relación a la labor de incidencia política.

Entre los principales riesgos, hizo referencia a la brecha digital, al sesgo de la información que ofrecen los datos que, en ocasiones, “invisibilizan la realidad de la discapacidad”; al elevado coste de la adquisición y mantenimiento de la tecnología y a la limitación relacionada con el conocimiento sobre transformación digital y tecnología. En relación a esto, abogó por mejorar los procesos de ciberseguridad y establecer “un plan de formación continuada sobre las nuevas tecnologías, sus aplicaciones y la estrategia para la transformación de la entidad”.