Cierra así, por quiebra, el bufete Boye-Elba & Asociados Sociedad Limitada Profesional que fundó en 2012 junto a su compañera sentimental y también abogada, María Isabel Elbal Sánchez.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 16 de Madrid, Carlos Nieto Delgado, ha ordenado la extinción de la sociedad, declarando el cierre de la misma y la cancelación de todos los asientos registrales.

El origen del agujero económico de la empresa proviene de la condena que obligó a Boye a indemnizar al empresario Emiliano Revilla con 200 millones de pesetas. El abogado no pagó esa indemnización, pero Revilla se la volvió reclamar en 2019. La condena tiene que ver con la condena de 14 años de prisión que se le impuso al letrado en 1988 por su vinculación a ETA y su colaboración en el secuestro del empresario, que duró 249 días y se solucionó previo pago de más de seis millones de euros de rescate.

Tras la reclamación de Revilla en 2019, la Audiencia Nacional ordenó embargar los bienes del abogado para indemnizar al empresario por lo que el pasado mes de septiembre, Elbal solicitó el concurso de acreedores. Ambos letrados seguirán atendiendo a sus clientes de manera individual.

Además, Boye ha sido recientemente procesado junto a otras 45 personas, entre ellas el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, ‘Sito Miñanco’, en una causa que investiga una organización criminal destinada a blanquear dinero procedente del narcotráfico.