Estas son las dos principales peticiones que UP incluye en una proposición no de ley presentada en el Congreso de los Diputados, en la que propone instar también a la Abogacía del Estado a ejercer acciones judiciales en el ámbito de sus competencias para dirimir responsabilidades por el proyecto ‘Castor’, “que produjo los seísmos que causaron consecuencias en viviendas y personas”.

El proyecto ‘Castor’ fue una iniciativa que se planteó por primera vez en 1996 y arrancó en 2003 con el objetivo de construir y explotar un depósito estratégico sumergido en el mar Mediterráneo para almacenar gas natural entre las provincias de Castellón y Tarragona.

El contrato de construcción y explotación fue concedido a Escal UGS, una sociedad integrada por ACS y Enagás, además de la compañía canadiense Castor Limited Partnership (CLP). El proyecto se llevó a cabo a pesar de la existencia de diferentes estudios realizados por investigadores de las Universidades de Barcelona y Ramón Llull, del CSIC y de l’Observatori de les Terres de l’Ebre, quienes advirtieron del riesgo sismológico del área elegida.

A mediados de junio de 2013, Escal UGS comenzó a inyectar gas colchón al almacén y detectó microseísmos en la zona, que fueron comunicados al Gobierno. Sin embargo, la actividad prosiguió hasta que se registró una multiplicación de los seísmos, entre los que destaca un terremoto de 3,6 grados en la escala de Richter. Ante esta situación, el Ministerio de Industria publicó una resolución por la que ordenaba a Escal UGS suspender todas las actividades.

En la actualidad, los tribunales han abierto distintas causas para investigar las posibles negligencias que se pudieron cometer en el proyecto ‘Castor’. Asimismo, el Gobierno puso fin a la hibernación de las instalaciones del Castor en el año 2019, y acordó el desmantelamiento y sellado de las instalaciones, para realizar así el abandono definitivo de los pozos.

Ahora, Unidas Podemos pide medidas económicas para llevar a efecto la totalidad del proceso de desmantelamiento, “asegurando la provisión de fondos destinados al mismo”; y planificar y ejecutar este proceso con el asesoramiento de organismos científicos y medioambientales para “asegurar las cautelas necesarias en el ámbito de protección y seguridad de la ciudadanía y restitución del medio ambiente”.

En paralelo, el grupo parlamentario quiere encargar un estudio para la recuperación de los espacios marinos y terrestres afectados por las instalaciones del Castor, y aprobar un plan para llevarlo a cabo.

Por último, desde Unidas Podemos exigen restituir la totalidad de los terrenos agrícolas expropiados para las canalizaciones y su servidumbre, aprobar ayudas para la restauración de la actividad agrícola en dichos terrenos y estudiar las demandas de los afectados por los seísmos de 2013.