Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría precisó que se está trabajando para crear un régimen de sanciones, pero que será una ley orgánica la que lo regule.

En este sentido, explicó que podrían fijarse sanciones penales, pero que antes deberían establecerse unas obligaciones legales para los gestores.

La ley de estabilidad presupuestaria establecerá sanciones, prosiguió Sáenz de Santamaría, quien añadió que por otro lado se articulará la responsabilidad de los gestores que, en el caso de las más graves, "puede ser penal".

Según la vicepresidenta, se trata de determinar un conjunto de obligaciones que sirvan de base para conocer si se ha incumplido o no y si se aplica sanción penal.

Pero Sáenz de Santamaría apuntó que el régimen penal no sólo fija pena de cárcel, sino que existen otras sanciones. Así, manifestó que hay otras penas "muy adecuadas", como son las inhabilitaciones para el ejercicio de cargo público.

"Hay que fijar las obligaciones legales y, sobre la base de esa legalidad, poder determinar cuáles son las sanciones", indicó la vicepresidenta.

Ese conjunto de obligaciones quedará recogido en la Ley de Transparencia y las reformas penales tendrán que dar una respuesta.

Por ello, concluyó que los gestores públicos tendrán unas obligaciones y no se puede sancionar una conducta "si no hay una ley que pueda certificarlo". "Estamos trabajando en la definición de unas obligaciones y ver cómo se sanciona", concluyó.