La Mesa del Congreso rechaza cinco de las preguntas planteadas por ERC por entender que se trata de una "consulta de índole estríctamente jurídica, en contra de lo dispuesto en el artículo 186.2 del Reglamento".

Ese artículo estipula que "no será admitida la pregunta de exclusivo interés personal de quien la formula, o de cualquier otra persona singularizada, ni la que suponga consulta de índole estríctamente jurídico".

En ese caso se encuentran las cuestiones referidas a los motivos por los que no son públicos los sueldos de los miembros de la Casa Real y el tipo de donaciones y los criterios que determinan que un "obsequio" a cualquier miembro de la Familia Real pasa a formar parte del Patrimonio Nacional o de su patrimonio particular.

Tampoco admite la Mesa las preguntas sobre la obligación de los miembros de la Familia Real de informar de las donaciones que reciben en sus visitas oficiales, sobre si el Rey puede elegir a sus acompañantes en viajes oficiales sin someterlo a consultas del Gobierno y sobre la función que tiene el monarca como jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Además, la Mesa justifica su rechazo a otras 25 preguntas por entender que versan "sobre materia ajena a la competencia del Gobierno".

Entre ellas están todas las que se interesan por conocer la asignación que se concede a las infantas, Elena y Cristina, y al Principe de Asturias, y su cuantía, así como el tipo de declaración que hacen a la Hacienda pública de sus ingresos.

ERC también ha visto rechazadas por este motivo preguntas relacionadas con el cobro a la Casa Real de los gastos de electricidad, gas o teléfono, y del posible trato de favor que le puedan dispensar aquellas firmas que se publicitan como proveedoras de la Casa Real.

Tampoco podrán saber cuál es la cuantía de la fortuna personal del Rey, las viviendas que su familia posee, si pagan sus trajes y por los títulos nobiliarios asociados a la corona y cómo se sufragan los gastos de sanidad y educación.

En esta categoría de preguntas rechazadas se encuentran también las que se refieren a la acción del Rey en la promoción de las lenguas cooficiales del Estado, así como una que se interesa por saber si la página web de la Casa Real podría estar editada también en gallego, euskera y catalán, máxime cuando se puede consultar en inglés.

Esquerra también preguntaba si no sería conveniente que los miembros de la Casa Real recurrieran a la sanidad y la educación públicas para darles mayor prestigio.

Alguno de estos dos argumentos jurídicos o los dos, son aplicados también para rechazar las preguntas sobre la creación de un registro de donaciones a la Casa Real, o la razón por la cual el Gobierno no informa sobre el sueldo y los bienes de los monarcas, al menos en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

CORRUPCIÓN Y DESPRESTIGIO

Entre las preguntas que sí han sido admitidas a trámite figuran unas cuantas que se refieren a los efectos de la imputación de Iñaki Urdangarin por un presunto caso de malversación de fondos sobre el prestigio de la Corona.

Esquerra pide al Ejecutivo que se pronuncie sobre si la "alarma social y la indignación" generada por este asunto podría deteriorar la institución y sobre si es necesario informar al Parlamento.

El Gobierno tendrá que responder a la cuestión de si este proceso pone "en tela de juicio la condición hereditaria de la Jefatura del Estado y si hay que "tomar medidas" tras este escándalo.

Asimismo, ha sido admitida a trámite otra pregunta sobre el régimen de incompatibilidades entre las actividades públicas y privadas de los miembros de la Casa Real y una más en la que el Ejecutivo tendrá que justificar porque se asigna a la Casa Real más de 8 millones de euros, cuanto el presidente del Gobierno recibe "menos de 100.000 euros".