Bajo el título ‘¿Habla claro la administración a los públicos vulnerables?”, el informe concluye que el 72% de los trámites analizados son “poco claros” y que casi la mitad de las páginas web (48%) presentan problemas de usabilidad.

El trabajo ha estudiado 25 trámites administrativos relativos a cinco áreas temáticas de interés general (suministros básicos como el agua o la luz, servicios sociales, temas laborales, educación y sanidad) y, en cada una, se escogieron cinco procesos con la administración que de forma muy habitual deben realizar personas en riesgo de exclusión, como solicitar el bono social de la luz, las ayudas a la dependencia, la tarjeta de estacionamiento por movilidad reducida, una beca de comedor o el Ingreso Mínimo Vital. Todos ellos se analizaron en función de “una matriz de claridad”, elaborada por la propia consultora, que comprende: lenguaje, usabilidad de la web, accesibilidad y diseño.

En cuanto a la accesibilidad, se analizaron aspectos relativos a La ayuda en la navegación, el idioma de la página web, las ayudas para elementos visuales y los elementos de control .

Según sus resultados, el 20% de las webs incumplen los criterios básicos de accesibilidad –a los que obliga la ley--, pero es que “hay otro 60% de contenidos que solo los satisfacen parcialmente”. Solo el 20% resultan 100% accesibles, y eso que la accesibilidad es, de los cuatro parámetros estudiados, el que mejor parado sale.

De los trámites estudiados, el 76% no indican cuándo se abre una nueva ventana; solo el 24% contienen PDF accesibles, y el 48% no ofrecen alternativas a los contenidos visuales. Cada uno de estos incumplimientos implica, por sí solo, que una persona con discapacidad visual no puede completar el formulario preciso para pedir una ayuda.

Todas estas dificultades aumentan además en la práctica porque, según el estudio, el 72% de los trámites estudiados presentan un lenguaje poco claro, el 48% se deben realizar en páginas webs “poco usables” y un 28% en webs con un diseño complicado.