Así lo indicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo del Política Fiscal y Financiera (CPFF), el primero desde que el PP llegó al Gobierno, en el que se abordó la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Montoro explicó que para las comunidades incumplidoras podría haber desde sanciones económicas, cuya cuantía dependerá de la magnitud del incumplimiento y de las reiteraciones, hasta la “intervención temporal”.

Se trata, señaló el responsable de Hacienda, de que la Administración Central, junto con el gobierno autonómico incumplidor, “realmente tenga que ser la que lleve adelante un plan de saneamiento”.

En todo caso, el ministro quiso dejar claro que se trata de iniciativas en línea con las que lleva a cabo la Unión Europea, y que se mantendrá el respeto a las competencias de las comunidades autónomas.

Por otra parte, en el Consejo se abordó la creación de una línea de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que las comunidades paguen las deudas pendientes con sus proveedores.

La cuantía de esta línea aún está por determinar, ya que primero hay que calcular cuál es la cifra que deben las comunidades a sus proveedores, indicó el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre.

Además, se introducen cambios en las autorizaciones de endeudamiento, con una reducción de tres plazos a dos iguales en su importe, y en los permisos en materia de refinanciación, que en vez de dos al año se reduce a una aunque en dos fases.

Montoro defendió que se trata de medidas que no tiene impacto en déficit en contabilidad nacional.