El magistrado explicó que, tras encarcelar en febrero de 2009 a los presuntos cabecillas de la trama de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo, decidió intervenir sus comunicaciones en prisión porque “más de 20 millones de euros estaban en cuentas deslocalizadas, probablemente en paraísos fiscales”.

Garzón dijo en este sentido que, en esta situación, “los abogados jugaban un papel básico en la mecánica que debía continuar el blanqueo de dinero” tras la encarcelación de Crespo y Correa. El acusado, notablemente afónico, se refirió en este sentido a los abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, a los que imputó en la causa, si bien posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) archivó las actuaciones contra ellos.

DERECHO DE DEFENSA

El magistrado aseguró además que en estas diligencias siempre garantizó el derecho de defensa. “El derecho de defensa es sagrado para mí, así ha sido en los 23 años que he estado en la Audiencia Nacional”, dijo Garzón en su declaración como acusado en el juicio que el Tribunal Supremo está celebrando contra él.

El juez reiteró que su objetivo a la hora de ordenar la intervención de las comunicaciones “era constatar y evitar la continuación de la acción delictiva de blanqueo de capitales” por parte de Francisco Correa y Pablo Crespo desde prisión.

DELITOS DE TERRORISMO

Garzón ordenó la intervención de las comunicaciones a través de dos autos dictados el 19 de febrero y el 20 de marzo de 2009. El juez acordó esta medida al amparo del artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece que “las comunicaciones de los internos con el abogado defensor expresamente llamado en relación con asuntos penales se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”.

En su declaración como acusado ante el Supremo, el antiguo magistrado de la Audiencia Nacional señaló que “es evidente” que la interpretación que él hace de este artículo “es que se puede autorizar intervención de comunicaciones no solo en casos de terrorismo”. Garzón considera que el “y” de este artículo “es una conjunción acumulativa”.

Señaló además que, si bien no se investigaban delitos de terrorismo, perseguía “graves delitos” como son el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, la falsedad, el cohecho, la asociación ilícita y el tráfico de influencias.

PROTECCIÓN DE LOS ABOGADOS

Garzón subrayó además que en los citados autos “no se interviene las comunicaciones de los letrados, sino de los internos en las comunicaciones” y que en ellos se previno el derecho de defensa al incluir una cláusula que obligaba a eliminar las conversaciones que se mantuvieran con los abogados.

“Se adoptaron todas y cada una de la medidas necesarias para proteger el derecho de defensa, ni una sola de las diligencias que se practicaron en adelante tenían relación alguna con el contenido de las comunicaciones intervenidas en prisión”, indicó.

El acusado señaló además que finalmente, el 27 de marzo de 2009, decidió eliminar de las actuaciones aquellas partes de las comunicaciones que afectaban a los letrados.

Dijo además que realizó todas estas diligencias con el apoyo de la Fiscalía.

CONTESTA A LAS ACUSACIONES

Garzón accedió en el juicio a contestar a las preguntas de las acusaciones. En los interrogatorios a los que fue sometido en fase de instrucción en los tres procedimientos abiertos contra él se negó siempre a contestar a las acusaciones.

El juez, en su calidad de licenciado en derecho, no ocupó en un principio el banquillo de los acusados sino que, ataviado con una toga, se sentó junto a su abogado en el estrado de letrados.

A la hora de declarar, el presidente del tribunal, el magistrado Joaquín Giménez, conminó a Garzón a quitarse la toga y sentarse en el banquillo de los acusados.

17 AÑOS DE INHABILITACIÓN

Garzón está acusado de intervenir de forma ilegal hasta 25 comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados del “caso Gürtel” –Francisco Correa y Pablo Crespo- con sus abogados entre febrero y abril de 2009.

Se le atribuyen en esta causa delitos de prevaricación y de violación de las garantías constitucionales y se enfrenta a penas de hasta 17 años de inhabilitación y multa de 3.240 euros.