Según un comunicado divulgado este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, estos registros se han realizado en Algeciras, Cádiz, Alicante, La Rioja, Salamanca, Badajoz, Murcia y Baleares, y han sido coordinados por el Departamento de Análisis Criminal de la Policía Judicial de la Guardia Civil junto con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, con la participación de las Unidades Orgánica de Policía Judicial de dichos municipios.

El motivo de esta inspección se debe a la “detección” de una “problemática generalizada en el uso de dinero no declarado” en el mundo del fútbol, “especialmente en los clubs de la antigua segunda división B y tercera división”. En esta coyuntura, desde la Inspección de Trabajo señalaron que han iniciado una campaña para erradicar esta práctica y el fraude a la Seguridad Social.

Las investigaciones comenzaron después de que once clubes de segunda B enviaran una carta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el año 2020, en la que denunciaban el “agravio comparativo” que suponía el fraude fiscal para los equipos de fútbol que sí pagaban de forma legal a sus jugadores y cotizaban debidamente en la Seguridad Social.

Según explican desde el Ministerio de Trabajo, la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude inició entonces una campaña para la detección de posibles delitos de fraude a la Seguridad Social cometidos por los diferentes clubes al conocer esta denuncia. Estas actuaciones se realizaron en colaboración con los especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil.

“Desde el momento que tuvieron conocimiento de esta práctica, los investigadores realizaron contactos con distintos agentes del mundo del fútbol para comprobar la veracidad de los hechos que se ponían de manifiesto en dicha carta y que parecían normalizados y muy aceptados por la mayoría de los clubes”, puntualizaron desde el ministerio.

Las mismas fuentes señalaron que la reunión de la RFEF con todos los presidentes de clubes de fútbol de segunda B y tercera división que tuvo lugar en noviembre de 2019 “resultó clave para dimensionar la magnitud y la normalización del problema”.

“A raíz de la constatación de la normalización del fenómeno, se preparó una campaña de lucha contra esta práctica. Este tipo de inspecciones coordinadas en la lucha contra el fraude están normalizadas y se realizan de forma habitual de forma conjunta entre las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social y la Guardia Civil, en los ámbitos laborales en los que se prevé que pudieran existir delitos de fraude a la Seguridad Social y contra los trabajadores”, prosiguieron.

Por último, recordaron que los delitos de fraude generan un “menoscabo” al Sistema de la Seguridad Social y “grandes perjuicios” para los futbolistas “pues se les priva de los derechos que le asiste la Seguridad Social por su relación laboral con los clubes”.