La CNMC destacó que “los organismos de competencia autonómicos constituyen una parte muy relevante del esquema institucional de la defensa de la competencia en España, investigando y sancionando aquellas conductas cuyos efectos quedan limitados al ámbito geográfico de las respectivas comunidades autónomas”. Asimismo, resaltó que estos organismos también, “dentro de su territorio, actúan en sus actividades de promoción de la competencia”.
Por ello, en su informe la CNMC valora “positivamente” la creación del CCDC, al considerar que “fortalecerá el modelo institucional que integra la red de autoridades de competencia a nivel nacional, permitiendo una mejor supervisión de todos los sectores y mercados afectados en las Islas Canarias”.

El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado en 2018, recogía la creación de este organismo y cuyo proyecto normativo recoge un “modelo de órgano especializado, colegiado e independiente de promoción y defensa de la competencia”.

En su informe, la CNMC hace también una serie de recomendaciones de mejora de este organismo autonómico, como “dotar de mayor claridad algunas de las funciones recogidas en materia de concentraciones y ayudas”.

Sobre la promoción de la competencia, la CNMC explicó que el proyecto de creación de la CCDC señala que es exclusiva de la autoridad autonómica en su territorio, pero el organismo nacional apunta que “esta función debe ser compartida con la CNMC, de acuerdo con las competencias en esta materia que le atribuye la ley”.

Además, en relación a la transposición de la directiva europea ECN+, la CNMC recomienda “recoger una mención expresa a algunas de las funciones que recoge esta norma, como el incremento de los poderes de investigación en las inspecciones o la posibilidad de priorizar las denuncias”.
Por otro lado, la CNMC también considera que “cabría reforzar la ampliación del régimen de incompatibilidades de los vocales o el establecimiento de un régimen de abstención de forma expresa, así como reforzar el carácter público de los mismos (titulares y suplentes) y la independencia en el empleo del presupuesto asignado para el desempeño de sus funciones”.