Aborto. ERC E IU piden 100 millones de euros de financiación pública para anticonceptivos

MADRID
SERVIMEDIA

Joan Tardà y Gaspar Llamazares presentaron hoy en nombre de IU y ERC, respectivamente, las enmiendas que van a presentar conjuntamente a la Ley del Aborto, para lograr la "excelencia" de una norma que deber contemplar la financiación pública de los anticonceptivos, cuyo coste cifraron en 100 millones de euros.

Esa cantidad es el coste estimado de la cofinanciación de los anticonceptivos, que recibirían "el mismo tratamiento que cualquier otro medicamento", pero su coste efectivo sería menor como consecuencia de la reducción del número de abortos, explicó en una rueda de prensa ofrecida en el Congreso.

Tardà reconoció que el PSOE ha respetado su compromiso de ajustar la ley las conclusiones de la subcomisión "sin retroceder ni un milímetro", pero ahora ambos partidos le reclaman "subir el listón" gracias a una decena de "enmiendas troncales" que consideran decisivas.

Tardà advirtió que los socialistas no tiene garantizado su apoyo a la ley, ni tendrán "nada regalado" en la tramitación de una norma que supone "un progreso social de civilización".

"Tenemos la oportunidad de hacer una buena ley y deberíamos aprovecharla porque la reacción de la derecha será histérica sea como sea la ley. No creo que si hubiera frenazo, la derecha modulara su reacción, de modo que, valientes y al trapo", recomendó Tardà a los socialistas.

Llamazares resumió el sentido de esas enmiendas esenciales en tres grupos, las que implican prevención de los embarazos no deseados, las que garantizan a la mujer su capacidad de decisión y las que aseguran la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios públicos.

En ese sentido, proponen la regulación de la objeción de conciencia de manera que sea individual y que la prestación del servicio esté garantizada en todos los centros, la inclusión de la interrupción voluntaria del embarazo en la cartera de servicios de la sanidad pública y la cofinanciación de los anticonceptivos.

Insistieron que que "la ley es floja en medios preventivos y en la regulacion en salud sexual y reproductiva", aspectos esenciales si se quieren evitar embarazos no deseados.

Además, ERE e IU propondrán un plazo tope para el aborto de 22 semanas y no de 14, como contempla el proyecto del Gobierno, la despenalización total de la mujer y evitar que los presos de información y reflexión dilaten los plazos y dificulten el ejercicio del derecho.

En relación con la polémica sobre la posibilidad de que las menores aborten sin consentimiento de sus padres, Llamazares dijo que es importante que las jóvenes tomen la decisión con toda la información en sus manos, y advirtió que "no vamos a

transigir" con modificaciones restrictivas en ese asunto.

El portavoz de IU insistió en que ésta no es una ley que aliente el aborto y explicó que en las comunidades "más beligerantes" contra la interrupción voluntaria del embarazo "es donde la cifra es más desbocada" y juzgó que "hay mucha hipocresía".

Ninguno de los dos portavoces se mostró preocupado por las negociaciones del PSOE para incorporar al PNV, aunque rechazaron que un acuerdo con los nacionalistas vascos pueda suponer alguna rebaja en la redacción actual.

(SERVIMEDIA)
22 Oct 2009
SGR/isp