La empresa responsable de ejecutar el proyecto, Tirme, exige una indemnización de cinco millones d pesetas por daños y perjuicios derivados de dicha acción.

Xavier Pastor, presidente en España de la organización ecologista, declaró hoy a Servimedia que "nos declararemos responsables de la invasión, si bien no culpables de un delito".

En la denuncia presentada a los pocos días del suceso por la empresa Tirme se acusaba a Greenpeace de un delito de intromisión en propiedad privada. A juicio de Angel Fernández, responsable de las obras, "se trata de un problema de orden público que debe resolverun juez".

La citada Planta Incineradora de Residuos Sólidos entrará en funcionamiento en 1996 y, tras el proyecto, existe una asociación a partes iguales constituída por Gesa (compañía de gas y electricidad), Endesa, FCC, Dragados y Construcciones y H.I. Holding (Grupo Iberdrola).

Según lo previsto, la planta tratará alrededor de 300.000 toneladas de residuos por año, de las que 200.000 procederán de la capital balear. Bajo una inversión de 9.891 millones de pesetas, la planta generará energía elctrica, lo que permitirá a Tirme facturar unos 1.200 millones de pesetas anuales.

Esta cantidad estará distribuída de la siguiente manera: un 60% de los ingresos procederá de las tarifas eléctricas y el 40% restante de lo que deban pagar los ayuntamientos que utilicen los servicios de incineración.

El proyecto de construcción de la planta incineradora de Son Reus fue aprobado el año pasado por el Parlamento balear con el apoyo del PP y del PSOE y los votos en contra de los grupos Mixto y Nacionalsta. Hace unos meses se realizó una manifestación ciudadana convocada por la Plataforma contra la Incineradora y el grupo ecologista GOB, que convocó en la calle a más de 30.000 personas.