El escrito remitido al juez, firmado por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, asegura que las autoridades españolas deberían haber previsto “que el siniestro podía suceder” ya que conocían “las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban los vuelos de esta clase que se ejecutaron en los meses anteriores con aviones de fabricación rusa”.

En la causa están imputados el exjefe del Estado Mayor de Defensa (Jemad), almirante general Antonio Moreno Barberá, y el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), el general de división Juan Luis Ibarreta.

Dentro de la División de Operaciones del Emacon, también están imputados en la causa al contralmirante José Antonio Martínez, el coronel Joaquín Yáñez y el comandante Alfonso Elías Lorenzo.

Por último, Grande-Marlaska imputó el pasado mes de abril al militar Abraham Ruiz López, quien entre los años 2002 y 2003 fue el enlace de la División de Planes del Emacon (el Estado Mayor Conjunto de la Defensa) ante la Namsa, la agencia de la OTAN que subcontrató para España el Yak-42.

DELITOS DE HOMICIDIO

El fiscal acusa a los imputados de haber incurrido en una “conducta omisiva de los más elementales deberes” ya que, de haber actuado convenientemente, la catástrofe “hubiera sido evitable”. El escrito asegura además que los responsables militares cometieron una “absoluta falta de diligencia” a la hora de contratar el Yak-42 que “puede poseer relevancia penal indudable como imprudencia grave en la producción del siniestro”.

Los seis mandos militares imputados están acusados de 62 delitos de homicidios por imprudencia grave por su participación en la contratación del avión.

El fiscal Burgos señala en su escrito que el avión “no reunía las condiciones mínimas de seguridad para un transporte de esta naturaleza, como ha quedado acreditado en los diferentes informes periciales que han sido incorporados a la causa”.

Subraya además que la investigación se ha centrado en “averiguar todas aquellas circunstancias que por acción u omisión hayan podido influir en la producción del siniestro” en “la actuación de las autoridades españolas en relación con la organización, contratación, ejecución, vigilancia, inspección y supervisión del vuelo”.

ULTIMÁTUM DEL JUEZ

El Ministerio Público ha respondido con este escrito a los requerimientos del juez Grande-Marlaska, quien solicitó un informe después de que los familiares de las víctimas solicitasen en noviembre pasado la conclusión de la investigación.

El magistrado tuvo que dar este miércoles un ultimátum a la Fiscalía ante la tardanza en su respuesta.

Fuentes fiscales señalaron que el borrador del escrito del Ministerio Público solicitaba en un principio el archivo de la causa, si bien finalmente el documento oficial se expresa de forma diametralmente opuesta.