El magistrado ha decidido reactivar la investigación ante la “absoluta falta de respuesta” por parte de las autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido a sus requerimientos. Ruz ha pedido en numerosas ocasiones a estos dos países que le informasen sobre si habían abierto una investigación por estos hechos. El magistrado, ante la ausencia de respuesta, considera que ni Estados Unidos ni Reino Unido están investigando los hechos.

El juez señala además en el auto dictado hoy que la Audiencia Nacional es competente para investigar el caso a pesar de la limitación a la jurisdicción universal, al existir “un vínculo relevante con España”, ya que una de las cuatro víctimas querelladas, Hamed Abderrahman Ahmed, es natural de Ceuta, y otra de ellas, el marroquí Lahcen Ikassrien, reside en España. Además de Ikassrien y Ahmed, en la causa están personadas como víctimas Abdul Latif Al Banna y Omar Degayes.

“Afirmar la jurisdicción española para la investigación y conocimiento de los hechos objeto de las presentes actuaciones”, señala el auto dictado hoy.

BUSH Y CHENNEY

Ruz pide a la Fiscalía que le informe de contra quién debe dirigir el procedimiento “como presuntos responsables de los hechos”.

La querella iba dirigida contra el expresidente estadounidense George W. Bush, contra su vicepresidente, Dick Chenney, y contra el que fuera secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.

También se dirigía contra el excomandante de la Base de Guantánamo, el general Michael Lehner, y contra el que fuera responsable de las operaciones conjuntas de detención e inteligencia del centro de detención, el general Geoffrey Miller.

Posteriormente, los querellantes solicitaron la ampliación de la denuncia contra otros responsables norteamericanos, como George Tenet, exdirector de la CIA.

La investigación se inició en abril de 2009 cuando el juez Baltasar Garzón admitió a trámite la denuncia interpuesta por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España.

El auto dictado hoy subraya que no procede en este momento dar traslado de la querella a Bush y el resto de presuntos responsables.

TORTURAS Y CRÍMENES DE GUERRA

El magistrado ha analizado asimismo la calificación jurídica de los hechos, llegando a la conclusión de que en la cárcel de Guantánamo se produjeron delitos de torturas y de crímenes de guerra, aunque deja al margen el delito de lesa humanidad.

Ruz, ante su decisión de no dejar paralizada la causa, ha decidido dar respuesta a las peticiones de las partes.

En concreto, el juez ordena que se someta a un examen forense a Hamed Abderrahman Ahmed y Lahcen Ikassrien, dos de los cuatros perjudicados personados en la causa, para determinar “la existencia de lesiones o secuelas” que supongan “sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o cualquier otra lesión contra su integridad moral”.

Ruz solicita asimismo al periódico “El País” que le remita la documentación relativa “al trato recibido” por los cuatro querellantes durante su detención en Guantánamo.