Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría manifestó que la norma busca la "estabilidad y la sostenibilidad" presupuestaria en un "horizonte permanente".

La vicepresidente puntualizó en que se establecerán unos mecanismos para que las comunidades que no cumplan "vuelvan a la senda" de la estabilidad, así como un régimen de sanciones.

En este sentido, apuntó que el control del déficit público es "esencial" para construir la plataforma para el crecimiento económico y la creación de empleo.

La vicepresidenta insistió en que la intención es garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas, fortalecer la confianza en la economía y cumplir con los compromisos ante la UE.

Sáenz de Santamaría explicó que se tienen que buscar medidas a medio y largo plazo, porque "no se trata de responder a una situación coyuntural".

La norma recoge que, al finalizar el periodo transitorio de la Constitución, todas las comunidades autónomas deben presentar equilibrio o superávit. No obstante, se permite un déficit estructural del 0,4% del PIB o más elevado, pero únicamente en situaciones excepcionales.

Así, cada comunidad contará con un techo de gasto previo a la elaboración de los presupuestos y una regla de gasto. A partir de ahí habrá "mecanismos correctores" que actuarán de manera "cuasiautomática" para solventar esa desviación.

La vicepresidenta quiso dejar claro que entra en juego la autonomía de cada comunidad autónoma para decidir cómo distribuye ese gasto.