Las autoridades españolas creen que este suceso formó parte de un plan orquestado para entrar irregularmente en España. Los participantes coordinaron su actuación a través del grupo privado de Facebook ‘Brooklyn’, formado por ciudadanos marroquíes, a través del cual se pidieron voluntarios para probar este sistema de inmigración ilegal.

El ministerio público considera que se les podría acusar de sedición porque la fuga supuso la paralización del tráfico aéreo durante varias horas, lo que significó la cancelación y el desvío de 47 vuelos. Esta posición estaría avalada por la Fiscalía General del Estado, que no quiere tratar el caso como una simple infracción de la Ley de Extranjería.

Los posibles delitos en el espacio aéreo están regulados por la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, que en su artículo 20 describe el delito de sedición castigado con prisión. Esta figura es la que se intentó aplicar a los controladores que paralizaron el espacio aéreo en diciembre de 2010, pero finalmente la Fiscalía tuvo que rebajar sus pretensiones.