La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha inadmitido a trámite por “extemporánea” la recusación presentada por Garzón contra el magistrado Luciano Varela, según se recoge en el auto dictado este miércoles.

Los magistrados de la Sala de lo Penal, presididos por Andrés Martínez Arrieta, subrayan que la composición del nuevo tribunal es conocida por Garzón desde el 25 de noviembre. Ese día el Supremo dictó un providencia en la que se acordaba la composición de la sala “enumerando nominalmente a los magistrados que la integraban, entre los cuales se encontraba el ahora recusado”.

“Es claro que desde esa fecha hasta el 30 de diciembre, día en el que se presenta la recusación, han transcurrido más de los diez días previstos en la ley”, señala la resolución.

El Supremo justifica su decisión de rechazar de plano la petición de Garzón en su obligación de “impedir una utilización abusiva de las posibilidades de protección que la ley reconoce” y de evitar aquellas actuaciones que “perjudiquen el normal desarrollo de la causa, provocando retrasos injustificados y afectando en general al derecho de las partes a un proceso sin dilaciones indebidas”.

PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD

El antiguo juez de la Audiencia Nacional recusó a Varela por interés directo en la causa y por considerar que ha perdido la imparcialidad necesaria para juzgarle por haber sido el instructor de la causa abierta contra él por su investigación de los asesinatos y desapariciones durante la dictadura de Franco.

El Tribunal Supremo, además de por extemporánea, ha rechazado la recusación planteada por Garzón al concluir que sus argumentos están “carentes del más mínimo fundamento”.

“El magistrado recusado no ha participado en la instrucción de la presente causa ni tampoco puede sostenerse, ni se alega, que haya resuelto con anterioridad cuestión alguna relacionada con la misma”, señala el auto del Alto Tribunal.

Al rechazar de plano la recusación, el Supremo ha evitado el aplazamiento el juicio por las escuchas de la “Gürtel”, cuyo inicio está previsto para el 17 de enero. La tramitación de la recusación hubiese provocado, además, que Garzón fuese juzgado primero por su investigación de los crímenes del franquismo, ya que esta vista oral está prevista para el 24 de enero.

El propio Varela no ha participado en la deliberación al encontrarse “de permiso oficial” y ha sido sustituido por el magistrado Manuel Marchena, quien también fue recusado sin éxito por Garzón.

CAMBIO DE TRIBUNAL

Varela era uno de los siete magistrados de la nueva sala que va a juzgar a Garzón por las escuchas de la “Gürtel” y que fue conformada después de que se admitieran cinco de las recusaciones interpuestas por el antiguo titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El Supremo decidió el pasado 12 de diciembre apartar a cinco jueces de la Sala de lo Penal recusados por Garzón. La Sala Especial del Supremo –conocida como Sala del 61- decidió apartar del juicio contra Garzón al presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Manuel Soriano y José Manuel Maza.

Garzón recusó a estos cinco magistrados al considerar que están contaminados por haber participado en la instrucción de la causa y la resolución de recursos.

RECURSO AL CONSTITUCIONAL

Los miembros de la Sala Especial rechazaron en cambio apartar del juicio contra Garzón al magistrado Manuel Marchena, que también había sido recusado.

El antiguo juez de la Audiencia Nacional recusó a Marchena por ser el instructor de la causa abierta contra él por no abstenerse en una querella contra los responsables del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó unos cursos que el juez impartió en Nueva York.

Garzón ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que asegura que el Tribunal Supremo ha vulnerado su derecho fundamental a un proceso con todas las garantías al permitir que el magistrado Marchena forme parte de la sala que le va a juzgar.

PREVARICACIÓN

El magistrado, suspendido cautelarmente en sus funciones, está acusado en la causa por las escuchas de la “Gürtel” de delitos de prevaricación y de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales y se enfrenta a penas de hasta 17 años de inhabilitación.

El instructor del caso, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, aseguraba en el auto de

apertura de juicio oral que Garzón "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" entre los principales imputados del "caso Gürtel" y sus abogados y "le resultó indiferente que el contenido de las conversaciones no tuviera otro contenido que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa".

El objetivo del magistrado de la Audiencia Nacional era "obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos".

Esto provocó, a juicio de Barreiro, que Garzón, la Policía y la Fiscalía “tuvieran acceso de este modo a información relevante con anterioridad a que los imputados prestaran nueva declaración en el proceso”. De esta forma, “accedieron indebidamente a las estrategias de defensa establecidas entre los internos y sus abogados”.