Según informó Greenpeace, la Fiscalía considera que estos hechos “son constitutivos de un delito de usurpación de bien inmueble, una falta de deslucimiento de bien inmueble, un delito de coacciones y otro de desobediencia grave a agentes de la autoridad”.

Por esta razón, pide nueve meses de cárcel, nueve días de trabajos en beneficio de la comunidad y multas que suman 18.000 euros para cada uno de los procesados, lo que sumaría 180.000 euros.

"Es indignante que se persiga a los que defienden el clima y no a los que atentan contra él. Mientras los que destruyen el clima se pasean tranquilamente, los ecologistas son perseguidos por la Fiscalía", afirmó Juan López de Uralde, director de Greenpeace, quien dice haber tenido conocimiento de la denuncia a través de los medios de comunicación.

"Conocer esta petición sólo aumenta nuestra decisión de continuar luchando de manera pacífica por el cierre de la térmica de Iberdrola", concluyó el director de la ONG.