En un escrito registrado en la Cámara Baja, La Izquierda Plural recuerda que, “en un sentencia de 1997, que atendía un recurso presentado por diputados del Grupo Parlamentario Popular, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional una medida similar adoptada por el Gobierno de Felipe González en 1992”.

En aquella sentencia, añade el GIP, el TC admitía que el decreto ley se había adoptado “ante una situación de extraordinaria y urgente necesidad”, pero añadía que cambios de ese calibre en la regulación de derechos y deberes constitucionales, como la obligación de contribuir vía impuestos, “no podían adoptarse por decreto ley, sino mediante ley aprobada por el Parlamento”.

El TC se amparó entonces en el artículo 86.1 de la Constitución, que establece que los decretos-ley que puede dictar el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad no podrán afectar, entre otras cosas, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero de la Carta Magna.

Además, el citado grupo parlamentario recuerda que en otra sentencia, dictada en 1995, el Constitucional advirtió de la necesidad de que “cuando un ente público impone coactivamente una prestación patrimonial a los ciudadanos cuente para ello con la voluntaria aceptación de sus representantes”.

Por estas razones, el GIP solicita que la Cámara Baja elabore un informe sobre la posible inconstitucionalidad en materia tributaria del Real Decreto Ley 20/2011 y que éste sea tramitado como proyecto de ley.