En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz no confirmó que ese mecanismo sea el control previo de los presupuestos autonómicos por parte del Estado, pero sí subrayó que es el Estado el que asume ante los organismos europeos el compromiso de reducción del déficit de todas las administraciones públicas.

Para garantizar ese objetivo se incluyó en la Constitución el mandato de estabilidad presupuestaria, que debe ser desarrollado en una ley orgánica en cuyo proyecto ya trabaja el Gobierno para enviarlo al Parlamento.

Esa ley deberá fijar el techo de gasto de todas las administraciones, los procedimientos para el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, y los mecanismos de asunción de responsabilidades de cada administración, subrayó la portavoz, pero quien asume esa responsabilidad fuera de España es el Estado.

Será en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para este mes de enero cuando el Gobierno recabe de las Comunidades Autónomas la información exhaustiva sobre su situación financiera y sugiera posibles mecanismos de garantía, que quiere dialogar también con las demás fuerzas políticas.

Ni el Estado ni ninguna administración, insistió Sáenz de Santamaría, puede vulnerar la Constitución, y ese será el principal argumento del Gobierno para defender los mecanismos oportunos de control de esa estabilidad presupuestaria.

Preguntada expresamente por ello, la portavoz aseguró que no ha habido “financiación” del Tesoro a la Generalitat Valenciana ni tampoco “garantía” financiera alguna, aunque sí se ha resuelto “un problema de liquidez puntual” que no especificó.