Según recordó, este “es un derecho reconocido por la legislación española” y exigir un adelanto económico supone “una clara discriminación de género, puesto que “el recorte afectará de manera específica a las mujeres”.

Por ello, pidió la intervención del Gobierno central y del Ministerio de Sanidad, a fin de evitar “una gravísima vulneración del derecho de la mujer a la asistencia sanitaria y de la legislación española”.

Dicha medida “solo incrementará las desigualdades de salud por motivos de género, capacidad económica, comunidad autónoma o ideología”, argumentó la Federación.

A su juicio, este anuncio supone “un paso más en la estrategia de recortes de gasto y de privatización de la sanidad pública, en este caso nuevamente a costa de las usuarias”.